¿Por qué Turcón exige un mes más para frenar la granja marina de 15.000 toneladas en La Aldea?

La organización ecologista Turcón Ecologistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias ampliar en un mes el plazo de información pública del proyecto de granja marina que la empresa Gran Canaria Bass Company planea instalar frente a las costas de La Aldea de San Nicolás y Artenara. El colectivo argumenta que el volumen y la complejidad de la documentación ambiental hacen insuficiente el periodo inicial de 30 días hábiles establecido para presentar alegaciones.

El proyecto, seleccionado como ganador del concurso público convocado por el Gobierno de Canarias en 2023, contempla la instalación de jaulas flotantes en una superficie total de 6,9 millones de metros cuadrados, distribuidos en dos zonas: 4,2 millones en la U.R.D.S.-1 y 2,7 millones en la U.R.E.S.-2. La iniciativa prevé una producción anual de 9.200 toneladas en una zona y 6.000 en otra, ocupando hasta 1.516 metros de línea de costa.

Un proyecto con impacto ambiental significativo

La Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental determinó en abril de 2025 que el proyecto debía someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, al considerar que podría tener efectos significativos sobre el medio ambiente, según lo establecido en la Ley 21/2013. Esta decisión, según Turcón, refuerza la necesidad de garantizar una participación pública efectiva y disponer de más tiempo para analizar la documentación técnica.

El Boletín Oficial de Canarias publicó el anuncio del proyecto y su Estudio de Impacto Ambiental el pasado 24 de agosto, coincidiendo con un mes en el que administraciones y organizaciones sociales operan con horarios reducidos debido al periodo vacacional. Turcón ha criticado esta decisión, señalando que dificulta el análisis exhaustivo de la documentación y la presentación de alegaciones fundamentadas.

Plazos en agosto y participación ciudadana

La petición de ampliación del plazo se basa en la Ley 27/2006, que regula el acceso a la información y la participación pública en materia ambiental, así como en la Ley 39/2015, que permite extender plazos administrativos cuando las circunstancias lo requieran, siempre que no se perjudiquen derechos de terceros. «Ante el cúmulo de información a procesar, solicitamos una ampliación del plazo», ha indicado el colectivo en su escrito dirigido a la Dirección General de Pesca.

La organización ha instado a la ciudadanía a participar activamente en el proceso y ha recordado que, según la legislación vigente, la ampliación del plazo no afecta a los derechos de terceros. Hasta el momento, el Gobierno de Canarias no ha emitido una respuesta oficial a la solicitud.