La Junta Electoral frena el voto de los ‘nietos’ y Torres acusa al PP de aliarse con la ultraderecha

La Junta Electoral Central ha decidido no impugnar la medida cautelar del Tribunal Supremo que suspende el derecho al voto de los descendientes de españoles exiliados durante el franquismo, una resolución que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acatado este lunes, aunque con una crítica frontal al Partido Popular.

En una votación ajustada —7 votos a favor y 6 en contra—, el órgano electoral acordó cumplir con el requerimiento del Alto Tribunal, que exige verificar la condición de descendiente de exiliado de cada uno de los nacionalizados bajo la Ley de Memoria Histórica. La norma, aprobada en 2022, permitió a miles de personas obtener la ciudadanía española por ser nietos de represaliados, pero ahora su derecho al sufragio queda en suspenso hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Torres acusa al PP de traicionar su propio discurso

El ministro, en declaraciones a los medios tras la reunión de la Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias, no ocultó su disconformidad con la decisión. «Atacamos esta medida porque no compartimos que se limite un derecho fundamental, pero la acatamos», señaló Torres, quien recordó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «cuando era presidente de la Xunta de Galicia, nos pedía una ley para los descendientes de españoles emigrados».

El argumento del ministro es contundente: si el PP defendía antes el reconocimiento de estos derechos, ¿por qué ahora se suma a la postura de Vox? «Se han alineado con la tesis de la ultraderecha, que pretende quitar derechos a quienes ya son españoles», denunció Torres, quien también cuestionó que se pretenda adivinar el sentido del voto de estos ciudadanos. «El voto es secreto, y nadie puede prejuzgar por quién votarán», añadió.

«Esos españoles lo son al igual que el resto porque la Ley de Memoria Histórica lo permitió. No entendemos que se ponga en duda su derecho al voto.»

Ángel Víctor Torres·ministro de Política Territorial

La ley de nietos, en el limbo judicial

La suspensión cautelar del Supremo ha dejado en el aire el futuro electoral de miles de personas que obtuvieron la nacionalidad gracias a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos. Torres ha pedido que el tribunal entre en el fondo del asunto «cuanto antes» y dicte una sentencia definitiva, especialmente ante la proximidad de nuevas citas electorales.

«Muchísimos expertos en la materia tampoco han entendido esta medida cautelar», subrayó el ministro, quien insistió en que el Gobierno seguirá defendiendo el derecho de estos ciudadanos. La decisión de la Junta Electoral, sin embargo, marca un precedente preocupante para los colectivos de descendientes de exiliados, que ven cómo su participación política queda condicionada a un proceso de verificación individual.

El conflicto refleja, además, la polarización en torno a la memoria histórica. Mientras el PSOE y sus socios defienden la ley como un acto de justicia reparadora, la derecha y la ultraderecha la consideran un «privilegio» que debe ser revisado. La batalla legal, por tanto, no ha hecho más que empezar.

Para los afectados, la incertidumbre es máxima. La medida cautelar del Supremo no solo suspende su derecho al voto, sino que también cuestiona el alcance de una ley que, hasta ahora, había sido celebrada como un avance en la reparación de las víctimas del franquismo. Torres, en cualquier caso, ha dejado claro que el Gobierno no dará marcha atrás: «Seguiremos luchando por los derechos de quienes ya son españoles».