La Palma tiene cuatro años para blindar sus zonas de riesgo volcánico: ¿qué cambia para los vecinos?

La Orden INT/1071/2024, de 7 de octubre, sustituye la directriz vigente desde 1996 y establece un marco legal más exigente para la gestión del riesgo volcánico en Canarias. Esta cifra, basada en la actividad histórica de las islas, equivale a un periodo medio de recurrencia de 33 años, aunque no permite predecir la ubicación ni el momento exacto del próximo evento.

Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es su impacto en la planificación territorial. La directriz exige que los planes de protección civil incorporen mapas de susceptibilidad y peligrosidad volcánica, identificando las áreas más expuestas a futuras erupciones. Estos análisis deberán ser considerados por las administraciones competentes —Cabildo, Gobierno de Canarias y ayuntamientos— a la hora de autorizar la construcción de hospitales, carreteras principales, puertos, instalaciones hidráulicas o redes de abastecimiento.

La Palma, esta medida choca con una realidad: la isla nunca ha establecido una zonificación general y vinculante que determine qué áreas deben quedar excluidas o sometidas a restricciones por riesgo volcánico. Aunque existen estudios científicos y cartografía que identifican distintos niveles de peligrosidad, estos no se han traducido en una delimitación legal que impida, por ejemplo, la construcción de un nuevo hospital o una carretera en zonas de alto riesgo.

Qué zonas de La Palma podrían quedar excluidas de nuevas infraestructuras

El borrador del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP), actualmente en fase de información pública, aborda por primera vez esta cuestión. El documento propone incorporar los riesgos naturales a la planificación territorial y orientar las nuevas construcciones hacia zonas de menor peligrosidad. Sin embargo, estas previsiones aún no constituyen una zonificación definitiva con restricciones urbanísticas vinculantes, algo que la nueva normativa estatal podría acelerar.

La Orden INT/1071/2024 no solo se centra en la prevención a largo plazo, sino también en la gestión de emergencias. Los planes de protección civil deberán evaluar las consecuencias de posibles erupciones sobre la población, las edificaciones y las infraestructuras críticas, incluyendo escenarios de destrucción o interrupción de servicios esenciales. También se exigirá analizar las dificultades de evacuación y abastecimiento que podrían surgir durante una crisis volcánica, un aspecto especialmente sensible en una isla con una orografía compleja como La Palma.

El Cabildo, como administración competente, será el encargado de elaborar y tramitar el Plan de Actuación frente al Riesgo Volcánico frente al Riesgo Volcánico, que deberá integrarse en el Plan Territorial de Emergencias de Canarias (PLATECA). Este proceso implicará la coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, así como la participación de científicos y expertos en vulcanología.

Cómo afecta la normativa a los planes de emergencia y a la población

Para la población, las implicaciones son directas. Además, los residentes podrían verse afectados por cambios en la ubicación de infraestructuras esenciales, como centros de salud o carreteras, que podrían ser reubicadas en zonas de menor riesgo.

El plazo de cuatro años para adaptar los planes de protección civil a la nueva normativa comienza a contar desde la publicación de la Orden en el BOE. Durante este periodo, el Cabildo de La Palma deberá impulsar los estudios técnicos necesarios y someter a consulta pública las propuestas de zonificación. Los ciudadanos podrán participar en este proceso a través de los canales habilitados por la Corporación insular, que también deberá informar de los avances en su página web oficial.

La normativa, en definitiva, marca un antes y un después en la gestión del riesgo volcánico en Canarias. Para La Palma, supone una oportunidad para aprender de la experiencia del Tajogaite y evitar que futuras erupciones pongan en jaque la seguridad de sus habitantes y la resiliencia de sus infraestructuras.