Canarias aprueba por unanimidad que Sanidad pague el traslado de fallecidos entre islas

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una iniciativa para que el Estado regule que el Servicio Canario de la Salud (SCS) asuma el coste de repatriar a pacientes fallecidos que fueron derivados a otra isla o a la Península para recibir atención médica. La propuesta, impulsada por el diputado del PP Jacob Qadri, busca evitar que las familias tengan que adelantar entre 4.000 y 6.000 euros para trasladar el cuerpo de un ser querido, una carga económica que se suma al dolor de la pérdida.

Qadri, diputado por La Palma, explicó que la situación afecta especialmente a las islas no capitalinas, aunque no es exclusiva de ellas. «Si el SCS deriva a un paciente fuera de su isla, debe hacerse cargo de su regreso si fallece», defendió. El diputado recordó que actualmente las familias deben contactar con funerarias, solicitar presupuestos y organizar el traslado, un proceso que puede resultar abrumador en momentos de duelo.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) es el organismo público encargado de garantizar la atención sanitaria en el archipiélago. Depende de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y gestiona la red de hospitales, centros de salud y servicios de emergencia en las islas. Su función incluye la derivación de pacientes a otros centros cuando la atención requerida no está disponible en su isla de residencia, un procedimiento habitual en territorios insulares con recursos sanitarios limitados en algunas zonas.

Un problema que trasciende las islas no capitalinas

El diputado popular aclaró que el problema no se limita a La Palma, La Gomera o El Hierro. «También afecta a pacientes de Tenerife o Gran Canaria que son derivados a otros hospitales, incluso a la Península», señaló. Qadri ejemplificó el caso de una familia que, tras perder a un ser querido, debe asumir no solo el coste del entierro, sino también el del traslado del cuerpo, que puede superar los 6.000 euros.

«No podemos trasladarle el problema, la gestión y encima la factura a una familia que acaba de perder a un ser querido», subrayó el diputado. «Un paciente no se desplaza de isla por gusto. Se desplaza porque necesita una atención médica que el sistema sanitario no puede ofrecerle en su isla de origen».

«No buscamos que la Administración ayude a una familia a traer a su ser querido fallecido. Queremos que sea la propia Administración quien se encargue de traerlo».

Jacob Qadri·Diputado del Grupo Parlamentario Popular por La Palma

La regulación estatal como solución definitiva

Qadri ya había planteado esta cuestión en el Parlamento en septiembre, mediante una pregunta oral a la consejera de Sanidad. Según explicó, la consejera reconoció la existencia de una partida presupuestaria para subvencionar estos traslados, aunque prácticamente no se utiliza. Sin embargo, el diputado considera que las ayudas económicas no resuelven el problema de fondo, ya que obligan a las familias a adelantar miles de euros y esperar una resolución administrativa.

«No queremos subvenciones», afirmó Qadri. «Queremos que sea el sistema sanitario quien se haga cargo directamente del traslado». El diputado advirtió además de que determinadas ayudas pueden tener consecuencias fiscales o afectar a prestaciones de las que dependen los ingresos familiares.

La iniciativa justifica la necesidad de una regulación estatal en la insularidad de Canarias y en la obligación del Estado de garantizar la igualdad de derechos con independencia del lugar de residencia. «Canarias no puede seguir asumiendo sola todos los sobrecostes derivados de nuestra insularidad», añadió Qadri, quien defendió que la propuesta trasciende las diferencias políticas y responde a una cuestión de justicia, dignidad y humanidad.

En otras comunidades autónomas con territorios insulares, como Baleares, ya existen protocolos similares que cubren estos traslados. Sin embargo, en Canarias la falta de una normativa clara obliga a las familias a asumir costes que, en muchos casos, resultan inasumibles.

Qué significa esto para las familias canarias

La aprobación de esta iniciativa supondría un alivio económico y emocional para cientos de familias cada año. Actualmente, muchas deben recurrir a préstamos, ahorros o incluso campañas de crowdfunding para costear el traslado de sus seres queridos fallecidos. Con la nueva regulación, el SCS se haría cargo de todo el proceso, desde la gestión con las funerarias hasta el transporte, sin que las familias tengan que adelantar dinero ni enfrentarse a trámites burocráticos en momentos de dolor.

Además, la medida garantizaría igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, independientemente de su isla de residencia.

Para las familias que ya han pasado por esta situación, la iniciativa llega tarde, pero sienta un precedente importante. «Es una cuestión de dignidad», señalaron desde asociaciones de afectados.

Próximos pasos y cómo seguir el proceso

Con la aprobación unánime en el Parlamento canario, la iniciativa pasa ahora al Gobierno central, que deberá estudiar su viabilidad y, en su caso, impulsar la modificación normativa necesaria. El proceso podría implicar cambios en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula las competencias sanitarias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Las familias y ciudadanos interesados en seguir el desarrollo de esta propuesta pueden consultar las actualizaciones en la web oficial del Servicio Canario de la Salud o en el Parlamento de Canarias, donde se publicarán los acuerdos y resoluciones relacionadas. También es posible contactar con los grupos parlamentarios para expresar apoyo o solicitar información sobre el estado de la iniciativa.

El diputado Jacob Qadri ha anunciado que mantendrá reuniones con representantes del Ministerio de Sanidad para agilizar el proceso. Mientras tanto, las familias canarias siguen a la espera de una solución que ponga fin a una situación que, para muchos, es tan injusta como evitable.

La aprobación unánime en el Parlamento canario envía un mensaje claro al Gobierno central: es necesario regular esta situación para evitar que las familias canarias tengan que enfrentar una carga económica adicional en momentos de duelo. Ahora, la pelota está en el tejado del Estado, que deberá responder a esta demanda de equidad y justicia social.