¿Cada cuánto podría erupcionar un volcán en Canarias? El BOE fija el riesgo en 33 años

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado una cifra que sitúa a Canarias en el centro de la planificación nacional ante el riesgo volcánico: existe un 77,69% de probabilidad de que se produzca al menos una erupción en el archipiélago en los próximos 50 años.

Orden INT/1071/2026 INT/1071/2026, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, establece que Canarias es la única región de España donde la aplicación de esta directriz es obligatoria. El porcentaje del 77,69% no señala una erupción inminente ni predice su ubicación exacta, sino que refleja una estimación científica a largo plazo para delimitar las zonas con mayor exposición al riesgo volcánico.

Qué implica el 77,69% para Canarias y sus habitantes

El documento oficial, publicado en el BOE con la referencia BOE-A-2026-21147, adopta como umbral una probabilidad del 5% en 50 años para activar la planificación. Canarias supera ampliamente ese límite, con un tiempo de recurrencia estadística de 33 años, derivado de su actividad volcánica histórica. Sin embargo, este cálculo no implica que las erupciones deban ocurrir cada tres décadas, sino que es una referencia técnica para dimensionar los recursos de prevención.

La directriz exige que los planes de emergencia contemplen las particularidades de cada isla y municipio, prestando especial atención a las zonas con mayor exposición. Además, deberán considerar tanto a la población residente como a la temporal, un factor clave en un territorio con alta afluencia turística.

Se prioriza la mejora de los mapas de peligrosidad, los sistemas de vigilancia y las alertas tempranas, herramientas esenciales para minimizar riesgos en caso de una emergencia.

Cómo afecta la nueva normativa a los planes de emergencia en Canarias

La actualización de la directriz supone un cambio significativo en la gestión del riesgo volcánico en Canarias.

Los planes especiales de Protección Civil deberán incluir, entre otros aspectos, protocolos de evacuación detallados, sistemas de comunicación robustos y coordinación entre administraciones. También se exigirá la identificación de zonas de alto riesgo y la elaboración de mapas de peligrosidad actualizados, que permitan a las autoridades actuar con rapidez y eficacia en caso de una erupción.

La directriz también abre la puerta a que otras comunidades autónomas adopten medidas similares si los avances científicos lo aconsejan.

El BOE aclara que la estimación del 77,69% no identifica una isla concreta como escenario probable, ni atribuye el cálculo a un equipo investigador específico. Se trata de un dato estadístico que sirve como base para la planificación, no como una predicción exacta. La recurrencia de 33 años, por ejemplo, es una media histórica que no debe interpretarse como un calendario fijo.

En comparación, el Campo Volcánico de La Garrotxa, en Cataluña, presenta una probabilidad de erupción del 1,09% en el mismo período de 50 años, lo que subraya la excepcionalidad del riesgo en Canarias. Esta diferencia explica por qué la directriz se aplica de manera obligatoria solo en el archipiélago.

Para los ciudadanos, la principal recomendación es mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN). Estos organismos proporcionarán actualizaciones sobre los protocolos de emergencia y las medidas de prevención en cada isla.

La nueva normativa también refuerza la importancia de la educación y la concienciación sobre el riesgo volcánico. Las administraciones deberán promover campañas informativas para que la población conozca los signos previos a una erupción, como sismos o deformaciones del terreno, y sepa cómo actuar en caso de una alerta.

En los próximos meses, se espera que el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares presenten los planes actualizados, que incluirán simulacros y ejercicios de evacuación para garantizar que tanto residentes como turistas estén preparados ante una posible emergencia. La colaboración entre instituciones y la participación ciudadana serán clave para reducir los riesgos y garantizar una respuesta eficaz.