Canarias lidera el récord de demandas por despido: 140 por cada 100.000 habitantes
Las Islas duplican la media nacional con un aumento del 21,6% en el primer semestre, superando a Madrid y Cataluña en…
Canarias lideró el crecimiento de demandas por despido en España durante el primer semestre de 2026, con un aumento del 21,6% entre abril y junio respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras el conjunto del país registró un incremento del 11,2%, el Archipiélago duplicó esa cifra, consolidándose como la comunidad con mayor tasa de litigios laborales: 140,8 demandas por cada 100.000 habitantes.
Madrid y Cataluña, con 113 y 111,7 procedimientos por cada 100.000 habitantes respectivamente, ocuparon el segundo y tercer puesto, pero sin alcanzar los niveles canarios. La media nacional se situó en 92,1 demandas, lo que evidencia la singularidad de la situación en las Islas.
Reclamaciones salariales y concursos de acreedores
El incremento de conflictos laborales en Canarias no se limitó a los despidos. Las reclamaciones de cantidad —solicitudes judiciales para cobrar salarios impagados— crecieron un 20,4%, pasando de 2.380 a 2.865 en un año. Con 126,8 procedimientos por cada 100.000 habitantes, el Archipiélago ocupó el segundo lugar nacional en esta categoría, solo superado por Asturias.
En contraste, los concursos de particulares —procedimientos de insolvencia presentados por personas sin actividad empresarial— cayeron un 19,3%, de 1.104 a 891. A pesar de este descenso, la tasa canaria (39,4 concursos por cada 100.000 habitantes) siguió por encima de la media estatal (34,5), situando a las Islas en el quinto puesto del ranking nacional.
Otros indicadores judiciales
Los procedimientos monitorios, utilizados para reclamar deudas, experimentaron una caída del 37,4% en Canarias, al reducirse de 18.214 a 11.409. Sin embargo, el Archipiélago mantuvo la tasa más alta del país en este ámbito, con 505,1 monitorios por cada 100.000 habitantes, frente a los 366,1 de media nacional.
En cuanto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, la cifra se mantuvo estable en 28 procedimientos, sin variación respecto a 2025. Estos datos corresponden exclusivamente a una vía procesal específica para recuperar la posesión, sin reflejar el total de ocupaciones en la comunidad.
