«Ve las maletas y cree que vamos a una casa nueva»: la madre que pide parar su desahucio en Tenerife hasta encontrar un alquiler asequible
María, víctima de violencia de género, reclama tiempo para mudarse con su hijo de nueve años, enfermo de asma, sin…
Una madre, identificada como María, ha solicitado la paralización de su desahucio en Santa Cruz de Tenerife para evitar quedarse en la calle con su hijo de nueve años, diagnosticado con asma y afectado por las condiciones insalubres de la vivienda que ocupan desde 2020. La familia, víctima de violencia de género y sin red de apoyo, reclama tiempo para encontrar un alquiler asequible en un mercado tensionado.
El alquiler inicial era de 410 euros, pero en los últimos meses las propietarias han incrementado la renta a 435 euros y ahora exigen 850 euros para renovar el contrato, un precio inasumible para sus ingresos. «Solo pido un poco de tiempo para encontrar otra casa, un alquiler que pueda pagar, porque con las humedades y el estado de esta vivienda mi hijo tiene que tomar antihistamínicos cada noche», declaró a este periódico.
Condiciones insalubres y falta de alternativas
La vivienda presenta filtraciones de agua y humedades estructurales que han sido denunciadas en reiteradas ocasiones ante las propietarias y las administraciones competentes. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Tenerife, estas condiciones han agravado las patologías respiratorias del menor, que requiere tratamiento médico continuo. «Pese a las solicitudes para que se realicen las reparaciones necesarias, la familia no ha obtenido respuesta, sino la resolución judicial del contrato», explicó la plataforma en un comunicado.
María ha intentado acceder a programas de vivienda social, como Prohogar y Provivienda, pero la mayoría de los propietarios prefieren alquilar a precios de mercado, lo que limita sus opciones. Además, al ser superviviente de violencia de género, ha solicitado ayuda al Servicio Insular de Atención a la Mujer y al Instituto Canario de la Vivienda, pero hasta ahora no ha recibido una solución habitacional. «Estoy a 500 metros de mi agresor y no me dan ninguna alternativa. Me dicen que no hay viviendas disponibles», lamentó.
La situación ha llevado a María a recibir tratamiento psiquiátrico. «Tomo tres pastillas al día, antidepresivos y ansiolíticos, para poder dormir. Es algo bastante crudo de vivir y de sostener sola», reconoció. La falta de una red familiar, quedó huérfana a los once años, agrava su vulnerabilidad, ya que no cuenta con apoyo para afrontar la búsqueda de un nuevo hogar.
Peticiones a las administraciones y próximos pasos
Ante la inminencia del desahucio, previsto antes de finales de año, la asociación Acción Social Canarias ha solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que coordine con el Gobierno de Canarias para activar medidas preventivas. En concreto, piden que se actualice el informe de vulnerabilidad conforme al Real Decreto 29/2026 (sin año verificado) y que se valore la paralización del procedimiento judicial hasta que la familia encuentre una alternativa habitacional.
Desde la PAH, cuestionan la falta de respuesta efectiva ante situaciones como la de María: «¿Por qué una familia que paga puntualmente y reclama durante años unas condiciones mínimas de habitabilidad termina enfrentándose a la pérdida de su hogar, mientras el incumplimiento de las obligaciones de quien alquila una vivienda no recibe una respuesta igual de contundente?». La plataforma recuerda que, en casos de vulnerabilidad, las administraciones tienen herramientas legales para intervenir, pero su aplicación sigue siendo desigual.
Mientras tanto, el reloj sigue corriendo: el desahucio podría ejecutarse en cuestión de semanas, dejando a la familia en una situación de calle.
Desde este periódico, se ha contactado con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer su postura y las medidas que podrían adoptarse para evitar el desahucio. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta. La familia, por su parte, sigue buscando una solución que les permita abandonar la vivienda insalubre sin quedarse en la calle, pero el tiempo se agota.
Para las familias en situaciones similares, las organizaciones sociales recomiendan acudir a los servicios sociales municipales y autonómicos, así como a entidades como la PAH o Cáritas, que ofrecen asesoramiento legal y apoyo en la búsqueda de alternativas habitacionales. En casos de emergencia, también pueden activarse protocolos de alojamiento temporal en recursos públicos, aunque su disponibilidad es limitada.
