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miércoles, 30 de septiembre de 2026 · 19:10 · Santa Cruz de Tenerife
El Hierro

El Cabildo de El Hierro pierde seis directores de área por un fallo judicial: ¿qué pasa ahora?

El Tribunal anula los nombramientos por incumplir la normativa de funcionarios y obliga a revertir la decisión tomada…

El Cabildo de El Hierro pierde seis directores de área por un fallo judicial: ¿qué pasa ahora?
Fachada del Cabildo de El Hierro, donde se han anulado seis nombramientos de directores de área.

El Cabildo de El Hierro se queda sin seis de sus directores de área después de que el Tribunal de Instancia de la Sección Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife haya declarado nulos sus nombramientos. La sentencia, que responde a un recurso interpuesto por Agrupación Herreña Independiente (AHI), considera que los puestos fueron asignados sin ajustarse a los criterios legales establecidos para estos cargos.

El fallo judicial anula el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Cabildo el 22 de septiembre de 2023, que configuró los seis puestos de directores insulares de área. Según la jueza, los nombramientos debían haberse realizado, en su mayoría, entre funcionarios de carrera, tal como establece el artículo 6.10 de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. La excepción, que permite designar a personal no funcionario, solo aplica cuando las funciones del puesto requieren «características específicas» justificadas, algo que la sentencia considera que no se cumplió en este caso.

¿Por qué el Tribunal anuló los nombramientos de los directores de área?

La resolución judicial es clara: el Cabildo de El Hierro convirtió lo excepcional en regla. La jueza que firma la sentencia califica la justificación presentada por el Gobierno insular como «del todo insuficiente y genérica», señalando que no se demostró la necesidad de recurrir a personal externo para ocupar estos puestos directivos.

El artículo 18.2 de la Ley 6/1997 permite, en casos excepcionales, que los directores generales no sean funcionarios, pero siempre que el Real Decreto de estructura del departamento lo autorice y que las funciones del puesto lo justifiquen. En este caso, la jueza entiende que el Cabildo no cumplió con estos requisitos, por lo que declaró la nulidad de pleno derecho del acuerdo.

Otro de los puntos clave del fallo es la legitimación para recurrir. El Cabildo intentó argumentar que Javier Armas, consejero de AHI, no podía impugnar los nombramientos por no formar parte del Consejo de Gobierno. Sin embargo, la jueza rechazó este argumento y reconoció su derecho como consejero electo a fiscalizar el correcto funcionamiento de la corporación. «AHI sí está legitimada para controlar al Gobierno. Para eso estamos en la oposición«, declaró un portavoz de la formación tras conocer la sentencia.

¿Qué consecuencias tiene la anulación de los directores de área?

La sentencia obliga al Cabildo de El Hierro a suprimir los seis nombramientos y a revertir la situación a su estado anterior. Esto significa que, en los próximos días, el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, deberá tomar una decisión: rectificar y ajustarse a la normativa o recurrir la sentencia para mantener la situación actual hasta el final de la legislatura.

«¿Va a rectificar o va a recurrir para mantener esta situación hasta el final de la legislatura, destinando más recursos públicos a los tribunales?», se preguntó un portavoz de AHI.

La Ley 6/1997, que regula la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, establece que los directores generales deben ser, con carácter general, funcionarios de carrera.

El Cabildo de El Hierro, como institución pública, está sujeto a estas mismas normas, por lo que la sentencia del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife refuerza la necesidad de cumplir con los criterios legales en la designación de cargos directivos. La decisión judicial, además, pone de manifiesto la importancia de la fiscalización por parte de la oposición y de los órganos judiciales para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las administraciones públicas.

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