Garamendi tacha de «ilegal» una huelga general por la vivienda: «No es un conflicto laboral»

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha calificado de «ilegal» la posibilidad de convocar una huelga general para protestar por la crisis de vivienda en España. Según el líder empresarial, este tipo de movilizaciones solo están amparadas por la ley cuando responden a un conflicto laboral, algo que, a su juicio, no aplica en este caso.

Garamendi hizo estas declaraciones durante su participación en el Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebra en O Grove (Pontevedra). Aunque reconoció que la situación de la vivienda es un «problema real» en el país, advirtió que una huelga general por este motivo tendría una «reacción inmediata» por parte de los empresarios, ya que, en su opinión, «invade los derechos de los demás».

¿Por qué la CEOE rechaza una huelga por la vivienda?

El marco legal español establece que las huelgas solo son legítimas cuando buscan resolver un conflicto entre trabajadores y empleadores. Según Garamendi, la crisis habitacional, aunque grave, no encaja en esta definición. «Nadie puede evadirse de que es un problema real, pero tampoco proceder como no se debe», afirmó, subrayando que una movilización de este tipo afectaría directamente a la economía de las empresas.

El presidente de la CEOE también criticó las soluciones que, a su juicio, se han planteado para abordar el problema, como «invadir la parte privada», un derecho que consideró fundamental. «Creo que es muy malo para España», sentenció, añadiendo que no entiende si una huelga de este tipo estaría dirigida contra la oposición, las empresas o el Gobierno.

«Esto no es serio. ¿Es una huelga contra la oposición, contra las empresas? Es la primera vez que lo veo. Yo creo que son los gobiernos los que tienen capacidad de decisiones y los que tienen que actuar.»

Antonio Garamendi·presidente de la CEOE

Garamendi recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva ocho años en el poder y cuestionó qué se ha hecho con las «miles de viviendas públicas» que se prometieron construir. «El dinero público está para gestionar este tema», afirmó, aunque evitó detallar qué medidas concretas propondría la CEOE para aliviar la crisis.

Las consecuencias de una huelga no laboral

El líder empresarial dejó claro que, de producirse una convocatoria formal de huelga general por la vivienda, la CEOE «acudiría donde tuviera que acudir» para impugnarla. Aunque defendió el derecho de la ciudadanía a manifestarse, distinguió entre la protesta legítima y las acciones que, en su opinión, vulneran los derechos de terceros.

La postura de Garamendi refleja la tensión entre los distintos actores sociales ante un problema que afecta a miles de familias en España. Mientras algunos colectivos exigen medidas urgentes para garantizar el acceso a una vivienda digna, los empresarios insisten en que las soluciones deben pasar por la intervención pública, sin afectar a la propiedad privada ni a la actividad económica.

Por ahora, no hay una convocatoria formal de huelga general por la vivienda, pero el debate sobre su legalidad y viabilidad sigue abierto. Lo que sí parece claro es que, de materializarse, la CEOE no lo dejaría pasar sin respuesta.