PSOE y Coalición Canaria chocan: 70.000 afectados por la ley que el Parlamento acaba de tumbar
La proposición socialista para regularizar viviendas en zonas turísticas fue rechazada con los votos de CC, PP y AHI…
El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles la proposición de ley del PSOE que buscaba regularizar las viviendas residenciales en zonas turísticas del archipiélago. La iniciativa, que contaba con el respaldo de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) y Vox, fue tumbada con los votos en contra de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Agrupación Herreña Independiente (AHI), además de la abstención de Agrupación Socialista Gomera (ASG).
La propuesta socialista pretendía reconocer la legalidad de las viviendas residenciales existentes en parcelas turísticas o mixtas cuando lo permitiera el planeamiento urbanístico, así como adaptar las definiciones de establecimiento turístico y unidad alojativa a la realidad de los complejos extrahoteleros.
¿Por qué el Parlamento dijo no a la regularización?
El diputado socialista Gustavo Santana defendió la iniciativa como una respuesta a la necesidad de proteger a los propietarios que adquirieron sus viviendas sin las actuales restricciones. Santana criticó duramente al Gobierno de Canarias por no haber cumplido su compromiso electoral de resolver el problema y cuestionó que la reforma de la ley turística anunciada vaya a materializarse.
Desde Coalición Canaria, Socorro Beato reconoció la preocupación por los afectados, pero advirtió sobre la complejidad jurídica y urbanística de los complejos turísticos.
El Partido Popular, por su parte, calificó la iniciativa del PSOE de «cortoplacista y electoralista». El diputado David Morales destacó los avances normativos impulsados por el Gobierno regional, como el fin del derecho a la expropiación y de las inspecciones de oficio, así como la posibilidad de transformar complejos turísticos en residenciales. Morales también mencionó la regulación del alquiler vacacional como un paso adelante en la gestión del problema.
El futuro de las 70.000 personas afectadas
Vox, a través de su diputada Paula Jover, cifró en 70.000 personas las perjudicadas por la situación actual y acusó al Ejecutivo de Fernando Clavijo de no haber tomado medidas efectivas. Jover denunció el incumplimiento de los compromisos electorales y exigió una solución urgente para los propietarios que llevan años en la incertidumbre.
Esther González, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, criticó que los derechos de los residentes queden supeditados a los intereses de los grandes operadores turísticos. González subrayó la necesidad de una ley que proteja a los propietarios y no solo a los inversores.
Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, pidió acelerar una solución para los propietarios que llevan doce años en la misma situación. Aunque su grupo se abstuvo, Ramos consideró que la propuesta del PSOE podría servir como punto de partida para negociar una ley consensuada.
El Gobierno de Canarias, por su parte, ha instado al Estado a tomar cartas en el asunto. El presidente Fernando Clavijo ha señalado la necesidad de un cambio legislativo que limite la compra de viviendas por parte de foráneos, una medida que, según él, ayudaría a aliviar la presión sobre el mercado residencial en las islas.
Los expertos en urbanismo advierten que cualquier solución debe equilibrar los intereses de los residentes, los operadores turísticos y la sostenibilidad del territorio. «Canarias no puede permitirse el lujo de seguir postergando este debate», señaló un portavoz de la Universidad de La Laguna.
Para los afectados, la prioridad es clara: seguridad jurídica y protección de sus derechos como propietarios. Mientras el Parlamento y el Gobierno buscan una salida consensuada, miles de familias siguen viviendo en la incertidumbre, sin saber si sus viviendas podrán ser regularizadas o si, por el contrario, quedarán en un limbo legal indefinido.
