¿Por qué el Cabildo ataca a Boluda con un informe pagado por todos los canarios?

El estudio, presentado en plena precampaña electoral, vincula la inversión con una supuesta pérdida de control sobre el tráfico portuario sin aportar pruebas concretas que respalden esa tesis.

El documento, financiado con fondos públicos del Cabildo, analiza los retos del sector portuario canario, pero centra su atención en la operación entre Boluda y Marsa Maroc. Sin embargo, el informe no detalla los mecanismos legales o comerciales que harían viable esa maniobra, limitándose a señalar relaciones comerciales previas entre Marsa Maroc y otros operadores.

El sector portuario ya conocía los desafíos que menciona el estudio: digitalización, formación de profesionales, transición energética y mejora de la conectividad. De hecho, la Autoridad Portuaria de Las Palmas firmó en septiembre de 2025 los pliegos del proyecto Sotavento, que incluye medidas para reducir la huella de carbono y evaluar la electrificación de las terminales. Boluda, por su parte, anunció en septiembre de 2026 la modernización de su terminal en La Palma con una nueva grúa STS y la renovación de su concesión.

La ULPGC, como institución académica, tiene la responsabilidad de garantizar la independencia de sus análisis.

Boluda y Marsa Maroc: una operación bajo escrutinio

La alianza entre Boluda y Marsa Maroc no implica la venta del Puerto de Las Palmas ni de todas sus terminales. Boluda Maritime Terminals (BMT) es una filial de la naviera española, pero no gestiona la totalidad de las instalaciones portuarias. La participación del 45% que Marsa Maroc adquirirá en BMT le otorga derechos societarios y de decisión, pero no el control absoluto sobre las operaciones.

El informe de la ULPGC menciona la presencia de Marsa Maroc en OPCSA, otra empresa del sector, debido a sus relaciones con MSC en Tánger Med. No obstante, esa conexión no demuestra un control efectivo sobre las terminales canarias. Para sostener que Marsa Maroc podría desviar tráficos, el estudio debería identificar quién toma esas decisiones, mediante qué contratos y con qué incentivos económicos.

Boluda Corporación Marítima es un operador con una larga trayectoria en Canarias, donde ha realizado inversiones continuas. Su acuerdo con Marsa Maroc no la exime de supervisión, pero sí exige un tratamiento riguroso, especialmente cuando se cuestiona su reputación y sus proyectos futuros.

El Cabildo de Gran Canaria, como entidad pública, debe justificar el uso de fondos para financiar un informe que reproduce prioridades ya conocidas por el sector. Los contribuyentes tienen derecho a saber qué conocimiento nuevo aporta el estudio y cómo se garantiza su independencia. La universidad, por su parte, debe preservar su credibilidad académica, evitando convertirse en un instrumento de narrativas políticas.

Canarias necesita una estrategia portuaria clara, con inversiones reales y una regulación transparente. También requiere empresas dispuestas a modernizar las infraestructuras y una universidad que mantenga su rigor científico.

Las elecciones generales del 29 de noviembre de noviembre están a la vuelta de la esquina, y el discurso sobre la soberanía portuaria puede resultar atractivo para los votantes. Sin embargo, la política no debería interferir en la gestión de infraestructuras críticas, especialmente cuando las acusaciones carecen de fundamento. Puerto de Las Palmas, como motor económico de la isla, merece un debate serio, basado en datos y no en especulaciones.