Desahucio en Las Palmas: una madre y dos menores en la calle pese al informe de vulnerabilidad

Una madre y sus dos hijos menores, de 4 y 16 años, fueron desahuciados este martes de su vivienda en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, pese a que el Ayuntamiento había presentado un informe de vulnerabilidad horas antes de la ejecución judicial. El lanzamiento, que se produjo alrededor de las 11.30 horas, generó momentos de tensión tras la movilización de cerca de un centenar de personas que intentaron impedirlo.

La intervención policial, en la que participaron agentes de la Policía Local y Nacional, despejó el acceso al inmueble situado en la calle Hoya del Rosario. Los manifestantes, convocados por la plataforma Derecho al Techo, formaron una barrera humana para bloquear el paso a la comitiva judicial, coreando consignas como «Ni casas sin gente, ni gente sin casa» y «Hay menores, de aquí no nos movemos». Según testigos, durante la actuación se registraron empujones y caídas, con algunos participantes denunciando golpes.

El informe de vulnerabilidad que no detuvo el desahucio

El lanzamiento judicial estaba previsto inicialmente para el verano, pero fue suspendido al comprobarse que en la vivienda residían dos menores de edad. Este martes, sin embargo, la ejecución se llevó a cabo a pesar de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elaboró un informe sobre la situación de vulnerabilidad de la familia, que fue remitido al juzgado antes de la intervención.

Según fuentes cercanas al caso, la comitiva judicial argumentó que el contenido del documento no era suficiente para suspender el desahucio. La plataforma Derecho al Techo denunció que el informe había sido solicitado en dos ocasiones anteriores sin que se completara a tiempo, dejando a la familia sin protección efectiva. «Estas personas se han visto completamente desprotegidas por el sistema», afirmó Sofía Olivares, portavoz del colectivo, en declaraciones recogidas durante la protesta.

«El Ayuntamiento asegura que no se ha hecho antes porque no la han podido localizar, a pesar de que nosotros lo conseguimos sin problema desde el primer intento.»

Sofía Olivares·Portavoz de Derecho al Techo

Olivares cuestionó los plazos de tramitación del informe, señalando que la demora en su elaboración impidió que la familia pudiera acogerse a las medidas de protección previstas.

Un conflicto contractual que agravó la situación

La situación de la familia desahuciada presenta un conflicto adicional relacionado con el contrato de arrendamiento. Según el relato de Jennifer, la madre afectada, ella residía en el inmueble mediante un acuerdo con una persona conocida que figuraba como titular del contrato. Jennifer asegura que entregaba puntualmente el dinero correspondiente a las mensualidades y los gastos de la vivienda, pero descubrió en julio que los pagos no habían sido transferidos al propietario, al igual que los recibos de agua y electricidad.

Al conocer el procedimiento de desahucio, Jennifer intentó regularizar su situación proponiendo al propietario la formalización de un contrato directo a su nombre, incluso aceptando una subida del alquiler. Sin embargo, según su versión, el dueño rechazó esta posibilidad, lo que dejó a la familia en una situación de desprotección legal.

La plataforma Derecho al Techo ha denunciado que este caso refleja las carencias del sistema de protección a las familias vulnerables en Canarias.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos por los que el informe de vulnerabilidad no logró frenar el desahucio.

Para las familias en riesgo de desahucio, las organizaciones sociales recomiendan acudir a los servicios sociales municipales con antelación para solicitar informes de vulnerabilidad y explorar posibles alternativas habitacionales. En casos como el de Jennifer, donde existen menores de edad, la legislación establece mecanismos de protección que, según los colectivos, no siempre se aplican con la rapidez necesaria.