480 euros por cuatro meses de esclavitud: el yate de Palma donde una trabajadora sobrevivió a golpes y hambre

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un empresario acusado de explotación laboral y maltrato tras retener durante cuatro meses a una trabajadora en un yate, a la que solo pagó 480 euros de los 17.500 que le correspondían. La víctima, una marinera con cargo de azafata, denunció agresiones físicas, hambre y condiciones laborales inhumanas que pusieron en riesgo su vida.

El caso salió a la luz cuando la trabajadora, tras abandonar el yate, interpuso una denuncia ante las autoridades. Según el relato de la víctima, durante los cuatro meses que permaneció a bordo solo recibió pequeñas cantidades de dinero para necesidades básicas, mientras que el salario completo —fijado en 17.500 euros— nunca le fue abonado. Los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) confirmaron que el empresario desconectó el sistema de localización GPS del barco y manipuló los registros de tripulación.

Condiciones inhumanas a bordo: hambre, agresiones y riesgo para la salud

La trabajadora detalló en su denuncia que las condiciones laborales eran «abusivas». En muchas ocasiones, solo podía dormir cuatro horas al día debido a la carga excesiva de trabajo, que incluía tareas fuera de sus competencias. Además, sufrió maltrato físico y psicológico por parte del empresario, quien en varias ocasiones la agredió.

El hambre fue otro de los problemas que denunció. En algunos momentos, la única comida disponible en el yate era medio sándwich, lo que la obligó a alimentarse de forma insuficiente durante semanas. La situación se agravó cuando sufrió una intoxicación por monóxido de carbono debido a deficiencias en las instalaciones del barco.

La víctima, desesperada por la situación y sin esperanza de cobrar lo adeudado, decidió abandonar el yate y regresar a su país de origen. Fue entonces cuando presentó la denuncia que desencadenó la investigación policial.

Irregularidades en la gestión del yate y próxima comparecencia judicial

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Ucrif I I, reveló varias irregularidades en la administración del yate. Entre ellas, destaca la desconexión del sistema de localización GPS (AIS), una práctica prohibida que impide el rastreo de la embarcación. También se detectaron deficiencias en los registros de altas y bajas de tripulantes, así como en los controles fronterizos.

El detenido, cuyo nombre no ha sido facilitado por las autoridades, será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

Además, se recuerda que los trabajadores tienen derecho a un salario digno, condiciones laborales seguras y protección frente a cualquier tipo de abuso.