El Supremo cierra el voto a 120.000 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ en las elecciones del 29-N
El alto tribunal ratifica la suspensión cautelar de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática y deja…
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno, que solicitaba levantar la medida adoptada el pasado 10 de septiembre, y ha ordenado al Instituto Nacional de Estadística (INE) que no inscriba en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) a quienes hayan obtenido la nacionalidad por esta vía.
La decisión, plasmada en dos autos, mantiene la suspensión de los efectos electorales para aquellos que ya estaban inscritos en el censo bajo la Disposición Adicional 8ª.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Sin embargo, el Supremo ha considerado que la medida cautelar adoptada en septiembre debe mantenerse, lo que implica que ningún nacionalizado por esta vía podrá votar en los próximos comicios.
La resolución del alto tribunal tiene un impacto directo en miles de personas que, tras años de espera, habían logrado inscribirse en el censo electoral para ejercer su derecho al voto.
El Supremo ha sido claro en sus autos: el INE no podrá inscribir en el censo a quienes hayan obtenido la nacionalidad por la Disposición Adicional 8ª.1 y aún no lo hayan hecho. Además, para aquellos que ya estaban inscritos, se mantiene la suspensión de sus efectos electorales en el proceso convocado por el Real Decreto 806/2026. Esto significa que, aunque figuren en el censo, su voto no será válido en las elecciones del 29 de noviembre.
La decisión ha generado una ola de reacciones entre los colectivos de descendientes de exiliados, que ven cómo su derecho al voto queda en suspenso a menos de tres semanas de los comicios.
El Gobierno estudia recurrir, pero la vía es incierta
Tras conocer la decisión del Supremo, el Gobierno ha mostrado su disposición a explorar todas las vías legales para revertir la medida. Un miembro del Ejecutivo, que prefirió mantener el anonimato, indicó durante una recepción en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre que se estudiará si es posible recurrir ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Abogacía General del Estado deberá determinar primero si la suspensión cautelar se considera definitiva o si solo pueden recurrir los afectados directamente.
«Para algunos, el derecho de voto no parece tan relevante. Estudiaremos si hay margen para recurrir ante el Constitucional, pero la situación es compleja.»
Miembro del Ejecutivo·portavoz del Gobierno
La incertidumbre jurídica añade presión a un proceso electoral ya marcado por la polarización. Mientras el Gobierno evalúa sus opciones, los partidos políticos han comenzado a posicionarse.
Lo cierto es que, más allá de las implicaciones políticas, la resolución del Supremo deja en el aire el futuro electoral de miles de personas que, tras obtener la nacionalidad española, veían en estas elecciones su primera oportunidad para participar en la vida democrática del país.
Colectivos como Hijos y Nietos del Exilio Español han anunciado que intensificarán sus protestas en los próximos días, tanto en España como en los países donde residen los afectados, para visibilizar su situación.
Mientras tanto, el INE ha confirmado que acatará la decisión del Supremo y que no inscribirá a nuevos votantes bajo la Disposición Adicional 8ª.1. La Oficina del Censo Electoral, dependiente del organismo, ya ha comenzado a notificar a los afectados que, aunque figuren en el censo, su voto no será contabilizado en las elecciones del próximo 29 de noviembre. Una medida que, sin duda, marcará un antes y un después en la aplicación de la ‘ley de nietos‘.
