¿Por qué el Cabildo de Tenerife abre expediente a Aqualia por el vertido de 1.000 litros de cloruro férrico?

El Cabildo de Tenerife ha abierto un expediente de investigación a Aqualia tras el vertido de cloruro férrico en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Punta Brava, en el Valle de la Orotava. La corporación insular, a través del Consejo Insular de Aguas, también denunciará los hechos en los juzgados y exige una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del incidente, ocurrido el pasado 26 de septiembre.

El derrame se produjo en el circuito terciario de la depuradora, una zona destinada al tratamiento y regeneración del agua para su reutilización en el riego agrícola. Según las primeras estimaciones, el volumen de cloruro férrico diluido vertido fue de menos de 1.000 litros, aunque el Cabildo advierte que esta cifra inicial «no permite cerrar el alcance del incidente». La sustancia, utilizada en el proceso de depuración, salió al exterior tras la rotura de una conducción, un fallo que la empresa gestora, Aqualia, ya ha denunciado ante el juzgado de guardia de Puerto de la Cruz.

El Cabildo exige respuestas: ¿falló el mantenimiento o los protocolos de seguridad?

En un comunicado oficial, el Cabildo de Tenerife ha dejado claro que no aceptará explicaciones que no estén respaldadas por «hechos, pruebas e informes técnicos». La institución insular reclama conocer con detalle qué ocurrió, cómo se produjo la rotura de la tubería y si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad establecidos. Además, exige esclarecer un aspecto que considera especialmente preocupante: la presencia de personas ajenas a la instalación en el momento del incidente.

«Queremos saber qué hacían personas no autorizadas en las dependencias de la depuradora», subraya el comunicado, que añade: «No se va a dar por válida ninguna explicación que no esté respaldada por pruebas». El Cabildo también investigará si existieron fallos en el mantenimiento de las infraestructuras, incumplimientos en los protocolos de vigilancia o deficiencias en la seguridad de las instalaciones. La corporación insular ha sido contundente: «Llegaremos hasta donde sea necesario para esclarecerlo».

«La gravedad de lo ocurrido exige una investigación exhaustiva, sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la incidencia.»

Consejo Insular de Aguas·Institución

Aqualia, por su parte, ya ha presentado una denuncia en la que señala que el tubo dañado no estaba sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justificaran su rotura. La empresa también ha mencionado la existencia de vídeos difundidos en redes sociales que apuntarían a la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto. Sin embargo, tanto el Cabildo como Aqualia coinciden en que será la investigación oficial la que determine las causas y las posibles responsabilidades.

Aunque el Cabildo no ha detallado aún las consecuencias concretas del incidente, sí ha insistido en que «no se minimizarán unos hechos que afectan a una infraestructura esencial».

El Consejo Insular de Aguas ha anunciado que exigirá que se determine con exactitud el recorrido del producto derramado, las consecuencias ambientales y si existieron otros factores que pudieran haber contribuido al suceso. Además, la corporación insular ha subrayado que «no corresponde anticipar conclusiones antes de disponer de todas las pruebas», pero ha dejado claro que actuará con «absoluta transparencia» para garantizar la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de la isla.

El expediente abierto a Aqualia busca comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la instalación.

La investigación judicial y administrativa determinará en las próximas semanas las causas del vertido y las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del mismo.