400.000 españoles sin voto el 29N: el Gobierno acusa al Supremo de crear «ciudadanos de segunda»
El Tribunal Supremo mantiene la suspensión cautelar de la ley de nietos, impidiendo votar a descendientes de exiliados…
El Gobierno ha mostrado su rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del voto para unos 400.000 españoles nacionalizados bajo la ley de nietos, lo que les impedirá participar en las elecciones generales del 29 de noviembre. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó la medida durante la recepción del Día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real: «Parece que el derecho al voto no es tan relevante para algunos».
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó este lunes el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar dictada el pasado 10 de septiembre. La Fiscalía y la Abogacía habían solicitado levantar la medida, alegando la imposibilidad de revisar los 170.000 expedientes afectados antes de los comicios. Sin embargo, el tribunal ha concedido un plazo de cinco días a los interesados para presentar alegaciones, sin garantizar su participación en las elecciones.
El Supremo desestima el recurso del Gobierno
Fuentes del Ejecutivo confirmaron que estudiarán la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, aunque no precisaron plazos ni detalles sobre el proceso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había expresado previamente su confianza en que el Supremo avalaría la postura del Ejecutivo. «Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda. No se puede sustraer ese derecho», declaró durante el acto institucional. Sánchez recordó que los beneficiarios de la ley de nietos —aprobada en 2022— han votado sin restricciones en elecciones generales, autonómicas y europeas desde 2023.
Reacciones políticas y consecuencias
El PSOE cargó contra el PP y Vox, acusándoles de perpetuar las divisiones del franquismo. En un comunicado, el partido cuestionó: «¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?». Criticaron que, para sus rivales políticos, «no fue suficiente el daño de la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de quienes huyeron de España para salvar sus vidas».
El Gobierno ha habilitado un canal de información en su web para que los afectados consulten el estado de sus expedientes y reciban orientación sobre posibles acciones legales. Mientras, la tensión política aumenta, con el PSOE anunciando que llevará el debate al Congreso para exigir explicaciones sobre las medidas adoptadas.
