Feijóo quiere que las mutuas den el alta médica: ¿qué cambia para los trabajadores?

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que, de alcanzar el Gobierno, impulsará una reforma para ampliar las competencias de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. La medida permitiría a estas entidades conceder altas médicas en determinadas bajas por enfermedad común, algo que actualmente no está dentro de sus atribuciones.

En la actualidad, las mutuas solo pueden emitir partes de baja, confirmación y alta en casos de accidentes laborales o enfermedades profesionales. Cuando se trata de contingencias comunes —como gripes, lumbalgias o procesos depresivos—, su papel se limita a realizar seguimientos y proponer altas, sin capacidad para decidir. La propuesta de Feijóo supondría un cambio en este modelo, aunque no detalló qué patologías quedarían incluidas ni cómo se garantizaría la objetividad de las evaluaciones.

Medidas complementarias y objetivos declarados

El líder popular presentó esta iniciativa como parte de un paquete más amplio para abordar el absentismo laboral. Entre las medidas adicionales, destacó el aumento de las plantillas de médicos evaluadores de la Seguridad Social y la posibilidad de que las mutuas realicen pruebas diagnósticas para agilizar los procesos. «¿Vamos a incrementar las plantillas de los médicos evaluadores? Sí. ¿Vamos a reforzar el papel de las mutuas? Sí. ¿Vamos a facilitar que las mutuas hagan pruebas diagnósticas? Sí», afirmó durante un acto organizado por la patronal Cecot en Terrassa.

Feijóo vinculó estas propuestas a la lucha contra el fraude en las bajas laborales, aunque no aportó datos concretos sobre su dimensión. También defendió mejorar la protección económica de los trabajadores con enfermedades graves, asegurando que «no deben sufrir una disminución de sus salarios por la desgracia de estar de baja».

Reacciones y debate sobre el modelo

La propuesta ha generado división entre los agentes sociales. Las organizaciones empresariales, que gestionan las mutuas, han mostrado su apoyo a la medida, considerándola un avance para reducir la burocracia y los tiempos de espera. Sin embargo, los sindicatos han expresado su rechazo a que estas entidades asuman mayores competencias mientras mantengan su actual modelo de gestión, vinculado a la patronal.

CCOO y UGT han planteado que, si se amplían las facultades de las mutuas, su gestión debería pasar a ser plenamente pública. Esta postura choca con la defensa que Feijóo hizo de su propuesta, argumentando que «tenemos que perseguir el fraude y garantizar que el sistema sea eficiente».

El colectivo médico también ha mostrado reservas. Los facultativos de Canarias, por ejemplo, han criticado que la medida pone en entredicho su criterio profesional en la gestión de las bajas. La implementación de la reforma requeriría, además, cambios normativos y el respaldo de otros grupos parlamentarios, lo que augura un debate prolongado sobre su viabilidad y alcance.