Canarias incumple la ley estatal de vivienda mientras Bruselas apunta al archipiélago

La Unión Europea ha puesto el foco en Canarias para su futura Ley de Vivienda Asequible, al considerar el archipiélago como uno de los territorios donde el acceso a la vivienda se ha vuelto más difícil. Los bajos salarios, el impacto del turismo masivo y el aumento de viviendas destinadas al alquiler vacacional han disparado los precios, situando el metro cuadrado entre los más caros del país. Más del 30% de los compradores son extranjeros, lo que agrava la presión sobre el mercado inmobiliario.

Ante esta situación, el Gobierno regional, formado por Coalición Canaria y el PP, declaró la emergencia habitacional al inicio de la legislatura. Sin embargo, su respuesta se ha limitado a aprobar una ley autonómica que acelera la construcción de viviendas, eliminando controles urbanísticos y facilitando cambios de uso del suelo. La estrategia se basa en aumentar la oferta para bajar precios, sin incluir medidas para contener la especulación o movilizar las más de 200.000 viviendas vacías que existen en las islas.

La negativa a aplicar la Ley estatal de Vivienda

La mayoría de los grandes municipios canarios cumplen los requisitos para ser declarados zonas tensionadas, un mecanismo que permitiría aplicar topes a los alquileres. Sin embargo, el Gobierno regional no ha aceptado ninguna solicitud, a pesar de que tres ayuntamientos —Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla y Adeje— la presentaron formalmente. Otros, como Santa Cruz de Tenerife o San Bartolomé de Tirajana, ni siquiera han iniciado el proceso.

El Ejecutivo autonómico argumenta que la solución no pasa por regular los precios, sino por construir más. Mientras, los precios siguen subiendo y las protestas ciudadanas se multiplican. La acampada frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en solidaridad con una anciana desahuciada en Madrid, refleja el creciente malestar por una crisis que las autoridades regionales no han logrado frenar.