¿Sabotaje en la depuradora de Puerto de la Cruz? Mil litros de cloruro férrico al borde del mar

La depuradora comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, sufrió un derrame de aproximadamente unos 1.000 litros de cloruro férrico durante la noche del sábado, un incidente que el Cabildo de Tenerife investiga como posible sabotaje. El vertido, contenido dentro de la planta, se produjo por la rotura de una manguera reparada horas antes, según informó la corporación insular.

El producto derramado, compuesto en un 75% por agua y un 25% por cloruro férrico, quedó confinado en la instalación, aunque el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT) no descarta que parte del líquido alcanzara la red de pluviales y, eventualmente, el mar.

El derrame se originó en una manguera que había sido reparada durante las labores de mantenimiento realizadas por la mañana. Según el Cabildo, la empresa gestora, Aqualia, aseguró que la pieza quedó en perfectas condiciones tras la intervención, lo que ha llevado a sospechar de un posible acto intencionado. Las cámaras de seguridad de la planta registraron la presencia de una persona ajena a la instalación, que se dirigió directamente hacia la zona donde posteriormente se produjo la rotura.

Policía Local de Puerto de la Cruz de la Cruz y agentes del SEPRONA de la Guardia Civil se personaron en el lugar para inspeccionar las instalaciones y recabar pruebas. El CIAT ha abierto un expediente sancionador contra Aqualia, a quien exige un informe detallado sobre las circunstancias del incidente, la cantidad exacta de producto liberado y las medidas adoptadas para contenerlo.

La corporación insular ha subrayado la gravedad del suceso, especialmente por el riesgo que supone para el medio ambiente y la seguridad de una instalación crítica como esta. «No vamos a asumir conclusiones hasta que se conozcan todos los hechos», declaró un portavoz de la corporación, quien añadió que «si se acredita cualquier incumplimiento, exigiremos todas las responsabilidades pertinentes».

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En su último informe, recomendaron la construcción de una nueva instalación para garantizar un tratamiento adecuado de las aguas y evitar futuros incidentes.

Mientras tanto, el expediente abierto por el CIAT sigue su curso. Aqualia deberá demostrar que cumplió con todos los protocolos de seguridad y mantenimiento, así como aportar pruebas que descarten o confirmen la hipótesis del sabotaje. La corporación insular ha insistido en que la investigación se llevará a cabo con máxima transparencia y que no se descartará ninguna línea de trabajo hasta esclarecer los hechos.

«Este tipo de incidentes son especialmente graves cuando afectan a instalaciones que pueden comprometer la seguridad ambiental y la salud pública. Exigimos a Aqualia que aclare lo ocurrido y que adopte las medidas necesarias para que no vuelva a repetirse.»

Portavoz del Cabildo·representante institucional

El resultado de las investigaciones determinará si el derrame fue un fallo técnico o un acto deliberado, así como las posibles sanciones que podría enfrentar la empresa gestora. Mientras tanto, las autoridades mantienen un seguimiento estrecho de la situación para evaluar cualquier impacto en el entorno.