«Es una catástrofe, pero la ley es la ley»: el TSJC defiende el desahucio de Maricarmen a sus 87 años

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha calificado de «catástrofe» el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada del piso en Madrid donde había vivido durante siete décadas. Sin embargo, el magistrado defendió que el proceso judicial se llevó a cabo siguiendo todos los procedimientos legales establecidos.

Avello explicó que, aunque el resultado es lamentable, el propietario ejerció su derecho y la afectada tuvo oportunidad de defenderse. «Hubo una resolución que se recurrió y que después había que ejecutar», señaló el presidente del TSJC durante el acto de apertura del Año Judicial en Canarias. Aunque reconoció que no conoce todos los detalles del caso, insistió en que los tribunales aplican la ley sin considerar las circunstancias personales de los involucrados.

La responsabilidad recae en los poderes públicos

El magistrado subrayó que corresponde a los servicios sociales y a las administraciones garantizar el derecho a una vivienda digna. «Para eso están los poderes públicos, no para que los jueces valoren si una persona debe o no ser desahuciada en función de su edad o situación económica», afirmó.

Avello añadió que, aunque el desenlace del caso es «indeseado para todos», es consecuencia directa de la aplicación de las normas y del Estado de Derecho. Sus declaraciones llegan en un contexto de creciente movilización social: apenas tres días antes del desahucio, más de 200 personas se concentraron en Tenerife bajo el lema «Maricarmen se queda» para exigir soluciones que eviten situaciones similares.

«Desgraciadamente, la consecuencia del litigio es indeseada para todos, pero responde a la aplicación de las normas, al Estado de Derecho.»

Juan Avello·presidente del TSJC

El presidente del TSJC cerró su intervención con un llamamiento a mejorar las leyes y a que las administraciones actúen con rapidez ante casos de vulnerabilidad. «Todos lamentamos lo ocurrido, pero la solución no está en culpar a los jueces, sino en que los poderes públicos actúen», concluyó.