Cáncer terminal y desahucio: cómo el ICAVI frenó el lanzamiento de una vecina en Granadilla
El Instituto Canario de la Vivienda paralizó el desahucio de una mujer de 54 años con dependencia grado 2 y sin ingresos fijos. El caso activa el programa 'Canarias Pro-Hogar' para buscar una solución habitacional urgente.
El desahucio de una mujer de 54 años con cáncer terminal en Granadilla de Abona (Tenerife) fue suspendido este viernes tras la intervención judicial. La afectada, que depende exclusivamente de ayudas públicas, tenía previsto ser desalojada de su vivienda en la calle José Ventura a las 10:00 horas por impago.
La decisión de paralizar el lanzamiento se produjo después de que el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Granadilla coordinaran acciones para solicitar la suspensión. Fuentes de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda confirmaron que, desde que se conoció el caso, se activaron los mecanismos necesarios para evitar el desahucio.
Una situación crítica con pocas alternativas
El Sindicato de Inquilinas en Tenerife denunció que la mujer, con dependencia reconocida de grado 2, carece de ingresos laborales y enfrenta serias dificultades para acceder a una vivienda alternativa. Según la organización, incluso para alquilar una habitación se le exigían requisitos económicos que no puede cumplir, como la presentación de una nómina o contrato de trabajo.
La afectada cuenta con el apoyo de un joven que se encarga de sus cuidados, pero su situación económica y de salud complican la búsqueda de una solución habitacional. Este era el tercer intento de desahucio que enfrentaba.
Compromiso institucional y recursos disponibles
La directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, anunció que el organismo trabajará con la familia para encontrar una solución «lo antes posible». En declaraciones a los medios, recordó que el Gobierno regional dispone del programa Canarias Pro-Hogar, diseñado para asistir a personas en riesgo de desahucio.
Este programa ofrece ayudas económicas para el pago de alquileres, mediación con propietarios y, en casos extremos, acceso a recursos de emergencia social. De León aseguró que, tras la suspensión judicial, se evaluarán todas las opciones disponibles para garantizar una alternativa habitacional «digna y adecuada» a la afectada.
El Ayuntamiento de Granadilla, por su parte, confirmó la paralización del desahucio pero no ha emitido más declaraciones sobre el caso.
