España desoye a la ONU: el desalojo de Maricarmen que vulnera tratados internacionales

España ha incumplido una medida cautelar de la ONU al desalojar a Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad, de su vivienda el pasado 23 de septiembre. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Koldo Casla, ha denunciado que este desahucio vulnera tratados internacionales ratificados por el país y pone en riesgo su cumplimiento con las obligaciones de Derechos Humanos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) había ordenado en junio suspender el desalojo de Maricarmen como medida cautelar hasta resolver el fondo del asunto. Sin embargo, la ejecución del desahucio ha dejado sin efecto esa orden, lo que, según Casla, «pone a España en una posición imposible para cumplir con sus obligaciones internacionales». El relator, de nacionalidad española y británica, subraya que «lo que no es habitual es que se vulnere una medida cautelar, y ahora se ha vulnerado».

¿Por qué España está obligada a cumplir con las medidas de la ONU?

El derecho a la vivienda en España no es solo una cuestión nacional, sino que está reconocido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Casla recuerda que España ha firmado y ratificado una serie de tratados internacionales que son vinculantes. «Nadie obligó a España a aceptar este mecanismo, pero lo aceptó», explica. Estos tratados, una vez ratificados, pasan a formar parte del ordenamiento jurídico español a través de los artículos 10 y 96 de la Constitución.

El relator destaca que «los tratados ratificados forman parte del derecho español», lo que significa que su incumplimiento no solo es una cuestión de imagen internacional, sino también una violación de la legalidad interna. En el caso de Maricarmen, el daño es irreversible: «Ya no vive en su casa», señala Casla, quien añade que el desalojo «vulnera el tratado» y deja a España en una situación de incumplimiento flagrante.

«El hecho de que se haya materializado el desalojo de Maricarmen pone a España en una posición imposible para cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos.»

Koldo Casla·Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada

Medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir

Casla propone una serie de cambios estructurales para evitar que situaciones como la de Maricarmen se repitan. En primer lugar, apunta a la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la normativa que rige los procedimientos judiciales en España. «Si se quiere evitar que vuelva a ocurrir, probablemente haya que emprender una modificación de esta ley», sostiene.

Además, el relator insiste en que cualquier desahucio debe cumplir con una serie de condiciones derivadas del derecho a la vivienda. La primera es un análisis de proporcionalidad, que implique evaluar tanto la situación personal de la persona afectada como la del arrendador. En el caso de Maricarmen, Casla enumera factores clave: «Si es mayor, si hay discapacidad, sus ingresos, el hecho de que lleva toda la vida viviendo ahí.». También debe considerarse la situación del arrendador, diferenciando entre un pequeño propietario que depende del alquiler para vivir y una gran empresa que busca maximizar su rentabilidad.

Otra condición esencial es la alternativa habitacional. Casla subraya que cualquier desahucio debe ir acompañado de una solución de vivienda adecuada para la persona afectada. «Es una mujer que lleva viviendo toda la vida en esa vivienda y que puede valerse por sí misma», insiste el relator, quien critica que la propuesta no tenga en cuenta su autonomía ni su arraigo.

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la aplicación rigurosa de los análisis de proporcionalidad y las alternativas habitacionales son, según el relator, pasos imprescindibles para garantizar que el derecho a la vivienda no quede en papel mojado.

Mientras tanto, el caso de Maricarmen sigue siendo un ejemplo de cómo los tratados internacionales y las medidas cautelares de la ONU pueden ser ignorados en la práctica. La denuncia de Casla pone el foco en la necesidad de que España revise sus procedimientos judiciales y administrativos para alinearlos con sus obligaciones internacionales. De lo contrario, el riesgo de que más personas queden en la calle, sin alternativas dignas, seguirá siendo una realidad.