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Martes, 17 de noviembre de 2026 · ·Santa Cruz de Tenerife
Vivienda

Los propietarios tienen 3 meses para recurrir ante el juez los acuerdos que les perjudiquen

El artículo 18 fija un plazo de tres meses, ampliable a un año si el acuerdo es contrario a la ley o a los estatutos.

Los propietarios tienen 3 meses para recurrir ante el juez los acuerdos que les perjudiquen
Un propietario revisa la documentación de una junta de vecinos en su vivienda.

Los propietarios de una vivienda disponen de un plazo de tres meses para acudir a los tribunales cuando un acuerdo aprobado por la comunidad de vecinos les causa un grave perjuicio que no están obligados jurídicamente a soportar. Así lo establece el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula los supuestos en los que una decisión de la junta puede ser impugnada ante la justicia.

La normativa estatal determina que son susceptibles de recurso los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, aquellos que resulten gravemente lesivos para los intereses del conjunto en beneficio de uno o varios propietarios, y los que ocasionen un grave daño a un vecino sin obligación legal de asumirlo o que se hayan adoptado con abuso de derecho.

El plazo varía según la naturaleza del acuerdo

«Son impugnables los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos, los gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios y los que ocasionen un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho».

Ley de Propiedad Horizontal·Normativa estatal

Están legitimados para presentar la impugnación los propietarios que salvaron su voto durante la junta, los ausentes en la reunión y aquellos a los que se les haya privado indebidamente del derecho a votar. Como requisito previo, el vecino debe estar al corriente del pago de las deudas vencidas con la comunidad o consignar judicialmente las cantidades pendientes, salvo que el recurso afecte al establecimiento o modificación de las cuotas de participación.

El artículo 18 fija un plazo general de tres meses contado desde la adopción del acuerdo para presentar la demanda. No obstante, cuando la decisión sea contraria a la ley o a los estatutos, ese límite se amplía hasta un año. En el caso de los propietarios que no asistieron a la reunión, el cómputo comienza desde que reciben la comunicación oficial del acuerdo, siguiendo el procedimiento establecido legalmente.

El juez debe ordenar la suspensión cautelar para paralizar el acuerdo

La normativa aclara que presentar una impugnación no suspende de forma automática la ejecución de la decisión adoptada. El acuerdo sigue siendo efectivo y de obligado cumplimiento, salvo que un juez, tras escuchar a la comunidad, ordene su suspensión como medida cautelar.

El artículo 19 de la misma ley regula la documentación de los acuerdos. Estos deben quedar recogidos en un libro de actas diligenciado por el Registro de la Propiedad. Cada acta debe incluir la fecha y el lugar de la reunión, quién realiza la convocatoria, los asistentes, el orden del día y los acuerdos adoptados. Cuando resulte relevante para determinar su validez, también debe identificar a los propietarios que votan a favor y en contra y las cuotas de participación que representan. El documento debe llevar las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes.

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