485 millones a hoteleros: por qué el Gobierno canario defiende el acuerdo que PSOE tacha de «chirriante»

El Gobierno de Canarias ha defendido el acuerdo extrajudicial por el que abonará 485 millones de euros a una treintena de empresas hoteleras afectadas por la moratoria turística impuesta en 2009. Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, lo calificó como «el menos lesivo» para las arcas públicas, aunque el PSOE cuestionó que los propietarios mantengan derechos turísticos en los terrenos indemnizados.

Miranda explicó en el Parlamento que el criterio para fijar la cuantía se basó en la rentabilidad hipotética que los promotores habrían obtenido durante el periodo en que los terrenos estuvieron congelados, y no en el valor íntegro de los derechos edificatorios. «No se indemniza el suelo, sino el lucro cesante», aclaró el consejero.

El acuerdo, sin embargo, no impide que los propietarios puedan desarrollar proyectos turísticos en las parcelas afectadas. Esta circunstancia fue criticada por la diputada socialista Nayra Alemán, quien preguntó si «no chirría que el interés de los promotores cuadre al céntimo con el interés general de los canarios». Miranda respondió que el pacto incluye una cláusula que evita la reclasificación de los terrenos, lo que, según él, limita futuros aprovechamientos.

El origen de la moratoria: un cambio legal que abrió la puerta a las demandas

La moratoria turística fue aprobada inicialmente en la legislatura anterior a la de Paulino Rivero (Coalición Canaria), pero su gobierno introdujo modificaciones en 2009 que facilitaron las reclamaciones judiciales. Decenas de hoteleros presentaron demandas, alegando perjuicios económicos por la congelación de sus proyectos.

«El importe final habría sido mucho mayor si el litigio se hubiera alargado», advirtió, subrayando que el pacto evita una batalla legal que podría haber durado más de una década.

El consejero también detalló que el cálculo de las indemnizaciones se realizó siguiendo el mismo criterio que había empleado el tribunal en sentencias previas. «Se ha utilizado como base la rentabilidad esperada, no el valor del suelo», reiteró, en un intento por despejar dudas sobre posibles sobrecostes.

¿Qué gana Canarias con este acuerdo?

Más allá de la cifra económica, el Gobierno canario destaca que el pacto pone fin a un conflicto que ha lastrado la planificación turística durante años. «Evitar 15 años más de pleitos es un logro», afirmó Miranda, quien recordó que el turismo es el principal motor económico de las islas.

El sector turístico representa alrededor del 35% del PIB canario y emplea a más de 300.000 personas, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). La resolución de este conflicto podría facilitar la reactivación de proyectos estancados, aunque con las limitaciones impuestas por el acuerdo.

No obstante, el PSOE no comparte esta visión. Alemán insistió en que el acuerdo «beneficia a unos pocos sin garantizar un retorno claro para la ciudadanía». La diputada socialista preguntó qué medidas se tomarán para asegurar que los terrenos indemnizados no se conviertan en nuevos focos de especulación urbanística.

Para los ciudadanos, este acuerdo podría traducirse en una mayor estabilidad en la planificación urbanística, aunque persisten dudas sobre el uso futuro de los terrenos. Los propietarios, por su parte, podrán recuperar parte de su inversión, pero con restricciones que podrían limitar su rentabilidad.

El consejero respondió que el pacto incluye compromisos para evitar reclasificaciones, aunque reconoció que «los propietarios mantienen sus derechos». Esta situación, según él, es un mal menor frente a la alternativa de prolongar los litigios y asumir indemnizaciones aún mayores.

Los ciudadanos que deseen conocer más detalles sobre el acuerdo pueden consultar la página web del Gobierno de Canarias (www.gobiernodecanarias.org), donde se publican las resoluciones y acuerdos adoptados por el Ejecutivo autonómico.

El debate refleja la tensión entre la necesidad de cerrar un capítulo judicial costoso y las dudas sobre si el acuerdo es justo para los canarios. Mientras el Gobierno celebra haber evitado un desembolso mayor, la oposición exige transparencia sobre cómo se gestionarán los terrenos en el futuro.

Los próximos pasos incluyen la formalización definitiva del acuerdo y su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), donde se detallarán las condiciones específicas para cada uno de los terrenos afectados. Este proceso podría extenderse durante los próximos meses, mientras las partes implicadas ultiman los detalles técnicos y legales.

«El acuerdo es el menos lesivo para las arcas públicas y evita que este problema se prolongue 10 o 15 años más.»

Manuel Miranda·consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias

«¿No chirría que el interés de los promotores cuadre al céntimo con el interés general de los canarios?»

Nayra Alemán·diputada del PSOE