Canarias paga 253 millones a hoteleros por la moratoria turística: ¿por qué ahora y qué cambia?

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, anunció en una comparecencia parlamentaria que la cifra final acordada con los empresarios litigantes se sitúa en 316 millones de euros, muy por debajo de los 652 millones que reclamaban inicialmente. Miranda subrayó que el actual ejecutivo «no creó el problema ni dictó las sentencias», pero asumió la responsabilidad de resolver un conflicto heredado de legislaturas anteriores.

Esto generó un aluvión de reclamaciones: 54 en total, de las cuales el Tribunal Supremo dio la razón a 36. La ley de medidas urgentes de 2009, impulsada por el Gobierno de Paulino Rivero (Coalición Canaria), abrió la puerta a indemnizaciones por la desclasificación de suelo edificable a rústico, lo que desencadenó la batalla judicial.

El pago actual responde a acuerdos extrajudiciales que han permitido reducir la cuantía inicial de las reclamaciones. Miranda destacó que, durante las negociaciones, se logró rebajar la cifra de casi 1.000 millones —contando intereses— a los 316 millones finales.

Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas. Luis Campos, diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista, cuestionó la gestión del Gobierno y tachó los acuerdos de «rendición absoluta», al considerar que se ha cedido a todas las demandas de los hoteleros. «Les das todo lo que piden y, además, les dejas el suelo con los mismos derechos urbanísticos que tenían antes», argumentó Campos, quien exigió transparencia en la documentación para «desmontar bulos».

Por su parte, Nayra Alemán (PSOE) criticó la contradicción entre el discurso de sostenibilidad del Gobierno y la apertura de nuevas plazas turísticas. «Pagamos dos veces: primero indemnizamos y luego permitimos que se desarrolle ese suelo», señaló Alemán, quien preguntó cuántas plazas hoteleras adicionales podrían surgir de estos acuerdos.

«Las moratorias no son una sola norma, sino un conjunto de decisiones con un objetivo común: frenar el desarrollo turístico. Ahora hemos asumido las consecuencias de actuaciones anteriores, todas de buena fe y en línea con lo que pedía la ciudadanía.»

Manuel Miranda·consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias

El origen del conflicto: dos décadas de batallas legales

El conflicto se remonta a dos decretos aprobados en 2001, que fueron anulados por los tribunales. Mientras se elaboraban las directrices de ordenación territorial, se aprobó una ley de medidas urgentes que permitió desclasificar suelo edificable a cambio de indemnizaciones.

De las 54 reclamaciones presentadas, 36 fueron estimadas por el Tribunal Supremo. El Gobierno de Canarias, tras años de negociaciones, optó por acuerdos extrajudiciales para evitar un coste mayor y cerrar definitivamente el litigio. Miranda reconoció que, aunque los acuerdos reducen la indemnización, también evitan que los ayuntamientos tengan que asumir un problema territorial derivado de las sentencias.

Sin embargo, las críticas desde la oposición reflejan que el debate sobre el modelo de desarrollo turístico en Canarias sigue abierto.

Para el Gobierno, es un paso necesario para pasar página, aunque no exento de polémica. Lo que está claro es que, con este desembolso, Canarias cierra un capítulo costoso, pero deja sobre la mesa preguntas sobre cómo gestionar en el futuro políticas que limiten el crecimiento sin generar conflictos legales.