San Bartolomé de Tirajana aprueba una ordenanza para regular el uso residencial en zonas turísticas
El Ayuntamiento llevará al pleno del jueves una normativa que busca dar seguridad jurídica a los 17.536 vecinos…
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Urbanismo, busca aclarar una situación que ha generado incertidumbre durante décadas debido a los cambios en la legislación turística y urbanística. Según el consistorio, la normativa «supone un paso para dar respuesta a una reivindicación histórica de los afectados», tal como recoge el comunicado oficial.
La ordenanza establece un marco claro para identificar la situación legal de cada inmueble en función de su antigüedad y las normativas vigentes en el momento de su uso residencial. En concreto, distingue tres supuestos.
1. Usos conformes al planeamiento: aquellos que cumplen con la normativa urbanística y turística vigente.
2. Usos fuera de ordenación: aquellos que no se ajustan a la legislación actual, con las limitaciones correspondientes.
Davinia Ramírez distingue tres situaciones jurídicas en viviendas turísticas
La concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez (CC), ha explicado que la normativa «reconoce una realidad: muchos apartamentos y bungalós se utilizan como viviendas desde hace décadas». Además, ha subrayado que «no todas las viviendas tienen la misma situación jurídica, por lo que es fundamental determinar cuándo comenzó su uso residencial y qué legislación les resulta aplicable».
«Esta ordenanza reconoce una realidad: muchos apartamentos y bungalós se utilizan como viviendas desde hace décadas. Ahora establecemos unas reglas claras para determinar qué situación legal corresponde a cada inmueble y cuáles son los derechos de sus propietarios».
Davinia Ramírez·concejala de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana
Una de las medidas más destacadas de la ordenanza es la posibilidad de que los propietarios soliciten un certificado municipal que identifique la situación jurídica de sus inmuebles. Este documento, que se emitirá en un plazo máximo de un mes desde su solicitud, permitirá acreditar si el uso residencial es conforme al planeamiento, está consolidado o se encuentra fuera de ordenación.
Para obtener el certificado, los servicios municipales podrán examinar documentación como escrituras de propiedad, licencias, información registral y catastral, antecedentes administrativos, empadronamientos, contratos o datos de suministros, entre otros.
Ordenanza protege usos residenciales anteriores a 2013 y 2017
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha destacado que la ordenanza es el resultado de años de trabajo para dar respuesta a una problemática compleja.
La normativa también aclara que los usos residenciales existentes antes de la entrada en vigor del deber de uso turístico establecido en 2013 mantienen el régimen jurídico que les correspondía con anterioridad. Asimismo, contempla las situaciones de consolidación previstas en la legislación del suelo y el tratamiento aplicable a los usos residenciales que ya existieran antes del 1 de enero de 2017.
