El juzgado obliga al IMAS de Santa Cruz a entregar al PSOE un expediente que retrasó ocho meses
La sentencia considera «excesivo y desproporcionado» el plazo de ocho meses para responder a la solicitud de…
Un juzgado de lo contencioso de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón al grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, que denunció que el Instituto Municipal de Atención Sociosanitaria (IMAS) se negó a facilitarle información solicitada sobre la adjudicación del servicio de ayuda a la dependencia.
El expediente requerido por los socialistas contenía las solicitudes de las empresas licitadoras que aspiraban a obtener la prestación. La portavoz del grupo Socialista, Patricia Hernández, solicitó la documentación en noviembre del pasado año.
El juzgado consideró que este plazo fue «a todas luces excesivo y desproporcionado». En su resolución, el tribunal añadió que la entrega final de la documentación, realizada tras la intervención judicial, «resulta ineluctablemente improcedente» y constituye «una gruesa falla» en los principios de transparencia y publicidad.
Juzgado considera injustificada la demora de ocho meses
La oposición municipal argumentó que la demora vulneraba su derecho fundamental a acceder a la información como cargo público. El Ayuntamiento sostuvo que la concejal ya había tenido acceso a la información como miembro del órgano y que el cauce utilizado no era el adecuado.
El consistorio también alegó que Hernández solicitó los documentos originales en lugar de copias, calificando estos de «meros informes preliminares de contenido interno sin carácter oficial». Sin embargo, el fiscal coincidió con el juzgado en que la demora fue «de todo punto injustificada» y supuso una infracción.
«Nunca existió una voluntad de estimación real de la solicitud».
El juzgado reprochó que la concejal no accedió a la información hasta que recurrió a los tribunales. Según la resolución, el IMAS primero negó que se tratara de un expediente, tachándolo de documentos internos, pero luego argumentó que al entregarlos había cumplido con su obligación legal.
El tribunal recordó que existe «copiosa jurisprudencia» que respalda el derecho de los concejales, especialmente los de la oposición, a acceder a la documentación necesaria para desempeñar sus funciones.
