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Viernes, 30 de octubre de 2026 · ·Santa Cruz de Tenerife
Tribunales

El TSJC rebaja de 81.000 a 15.000 euros la multa por un circuito ilegal de motocross en Güímar

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias valora que los promotores ya habían iniciado la restauración del terreno…

El TSJC rebaja de 81.000 a 15.000 euros la multa por un circuito ilegal de motocross en Güímar
El circuito de motocross en Güímar fue construido en suelo rústico de protección agraria sin autorización.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reducido de 81.000 a 15.000 euros la multa impuesta a los promotores de un circuito de motocross en la Chacona de Abajo, Güímar, construido en suelo rústico de protección agraria sin autorización.

No obstante, mantuvo la multa al tratarse de un proyecto con «ánimo de lucro o potencial beneficio económico». El circuito ocupa dos bancales en suelo rústico: uno de 4.900 metros cuadrados y otro de 3.600. Además, se asfaltaron 1.400 metros cuadrados para aparcamientos y rampas de acceso.

El procedimiento sancionador comenzó en junio de 2020 tras una denuncia de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN). En marzo de 2022, un informe valoró las actuaciones ejecutadas en 25.600 euros. El proyecto, según la web de los promotores, contemplaba un «centro del motor» para iniciación, exhibiciones y competiciones.

Propietario realizó obras para legalizar el circuito antes de multa

El TSJC tuvo en cuenta que, antes de imponerse la sanción definitiva, el propietario realizó «actuaciones para restablecer la legalidad urbanística» tras la orden judicial. El fallo señala que el proyecto de reposición debe seguir el «principio de menor demolición», permitiendo conservar elementos compatibles con el uso agrario de la finca.

Los promotores alegaron haber solicitado licencia al Ayuntamiento de Güímar, presentando un comprobante de pago de casi 4.000 euros. Sin embargo, técnicos municipales confirmaron que la obra incumplía el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio.

El TSJC determinó que las obras «nunca llegaron a detenerse», al no acordarse su suspensión ni precinto. El tribunal dio por finalizadas las actuaciones basándose en fotografías aportadas durante el procedimiento. La evaluación económica de las obras incluyó 6.500 euros para una pista de 270 metros, 15.200 para el asfaltado y 4.000 para un sistema de riego por aspersión. En el terreno se observaron «diversos acopios de tierra».

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