Zonas de Bajas Emisiones: los ayuntamientos tendrán que demostrar que multan desde el 26 de noviembre

El Gobierno endurece desde el 26 de noviembre los requisitos para considerar correctamente implantada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), según el Real Decreto 953/2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La normativa modifica el artículo 10.3 del Real Decreto 1052/2022, que regula las ZBE, y exige a los municipios demostrar que las restricciones de circulación están en vigor, los sistemas de control funcionan y el régimen sancionador se aplica de forma efectiva.

El decreto pretende evitar que existan ZBE declaradas «sobre el papel» pero sin restricciones efectivas o con periodos transitorios de avisos que retrasen indefinidamente las sanciones. Los ayuntamientos tendrán que acreditar el cumplimiento de los nuevos requisitos ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el órgano autonómico competente en materia de medio ambiente.

Real Decreto exige cinco requisitos para validar ZBE municipales

El Real Decreto 953/2026 establece cinco elementos que las administraciones locales deberán acreditar: 1. Una normativa municipal vigente: los ayuntamientos deberán remitir la ordenanza o normativa que regula su ZBE en el plazo de un mes desde su entrada en vigor. 2. Restricciones de circulación efectivas: deberán demostrar que las prohibiciones o limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento están vigentes y se aplican según el potencial contaminante de los vehículos.

3. Sistemas de control funcionando: será necesario acreditar que los mecanismos de vigilancia de accesos, monitorización y seguimiento están operativos. 4. Conexión con la DGT: las ZBE deberán estar integradas con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico.

5. Aplicación real de las sanciones: los municipios deberán demostrar que el régimen sancionador está funcionando. Mientras no se reciba toda esta documentación, la ZBE no podrá considerarse correctamente implantada. El decreto no establece una suspensión general de las multas ni anula automáticamente las sanciones ya impuestas.

El Real Decreto 953/2026 no introduce una clasificación ambiental diferente ni establece prohibiciones estatales generales para vehículos con etiqueta B, C o sin distintivo. Las limitaciones de circulación seguirán dependiendo de las ordenanzas de cada ayuntamiento.

Un coche con etiqueta B puede tener restricciones en una ciudad y circular sin limitaciones en otra. Lo mismo ocurre con los vehículos con etiqueta C o sin distintivo ambiental.

Ayuntamientos sin ZBE acreditada perderán fondos europeos y subvenciones

Si un ayuntamiento no acredita la documentación requerida, su ZBE no podrá considerarse correctamente implantada. Las consecuencias incluyen: Pérdida de subvenciones al transporte: la acreditación oficial es requisito para acceder a ayudas estatales y europeas destinadas a movilidad sostenible y bonificaciones del transporte público colectivo. Reintegro de fondos europeos: los municipios que recibieron financiación del Plan de Recuperación (fondos NextGenerationEU) para instalar cámaras o infraestructura de ZBE podrían tener que devolver las subvenciones si no demuestran su funcionamiento real.

Incumplimiento de la Ley de Cambio Climático: al no darse por cumplida la obligación legal, el municipio queda en situación de infracción respecto al artículo 14.3 de la Ley 7/2021. Prohibición de moratorias de avisos: los ayuntamientos ya no pueden justificar el cumplimiento con periodos de adaptación en los que solo se envían cartas informativas.

El decreto no establece una anulación automática de las ordenanzas municipales ni de las multas anteriores. Las restricciones concretas seguirán dependiendo de la normativa municipal vigente y de las características de cada zona.