¿Por qué 970 empresas en Canarias tendrán que demostrar ahora cómo gastan el dinero público?

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha puesto en marcha un proceso de evaluación que afecta a todas aquellas que hayan recibido más de 60.000 euros del Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias o 100.000 euros de una o varias administraciones públicas canarias durante 2024.

Allí, 383 personas —entre asistentes presenciales y participantes online— recibieron orientación sobre los requisitos y plazos para cumplir con la normativa. La comisionada de Transparencia, María Noelia García Leal, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto Gómez, fueron las encargadas de inaugurar el encuentro.

Quiénes están obligados a rendir cuentas y qué plazos tienen

No todas las empresas deben someterse a este escrutinio. La ley establece umbrales concretos: aquellas que hayan recibido más de 60.000 euros en subvenciones del Gobierno de Canarias durante 2024, o más de 100.000 euros en conjunto de varias administraciones públicas canarias, están obligadas a presentar su evaluación de transparencia. También entran en este grupo las entidades para las que las ayudas públicas representen al menos el 30% de sus ingresos anuales, siempre que provengan del Ejecutivo autonómico, o el 40% si proceden de varias administraciones, con un mínimo de 5.000 euros.

El proceso no es opcional. Las empresas que incumplan con la obligación podrían enfrentar sanciones según lo establecido en la Ley de Transparencia de Canarias. Aunque la normativa no detalla las multas concretas, sí prevé medidas correctivas para quienes no justifiquen adecuadamente el uso de los fondos públicos.

Cómo se evalúa la transparencia y qué herramientas tienen las empresas

La jornada formativa, celebrada en el nuevo edificio del Parlamento de Canarias, tuvo como objetivo principal ofrecer a las entidades privadas las herramientas necesarias para afrontar el proceso de evaluación. Durante el encuentro, se explicaron los pasos a seguir, desde la recopilación de la documentación hasta la presentación de los informes requeridos.

El Comisionado de Transparencia ha puesto a disposición de las empresas una serie de recursos, incluyendo guías prácticas y modelos de informes, para facilitar el cumplimiento de la normativa. Además, se ha habilitado un canal de consultas para resolver dudas específicas sobre el proceso.

La comisionada García Leal destacó en su intervención la importancia de esta iniciativa:

«La transparencia no es solo una obligación legal, sino una herramienta para fortalecer la confianza entre las administraciones y la ciudadanía. Las empresas que reciben fondos públicos deben ser ejemplares en su gestión.»

María Noelia García Leal·Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias

Por su parte, la directora general Carmen Delia Alberto Gómez subrayó que este proceso no busca sancionar, sino acompañar:

«Queremos que las entidades entiendan que la transparencia es un valor añadido para su reputación y para la sociedad en su conjunto. Estamos aquí para ayudarles a cumplir con la ley.»

Carmen Delia Alberto Gómez·Directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias

El plazo para presentar la evaluación de transparencia correspondiente a 2024 aún no ha sido anunciado oficialmente, pero se espera que las empresas tengan varios meses para recopilar la documentación necesaria. Mientras tanto, el Comisionado de Transparencia seguirá ofreciendo sesiones formativas y materiales de apoyo para garantizar que todas las entidades cumplan con los requisitos.

Para las empresas afectadas, este proceso supone un cambio en la forma de gestionar las subvenciones públicas. Ya no basta con recibir el dinero y utilizarlo según lo previsto; ahora, cada euro deberá ser justificado y documentado, lo que refuerza el compromiso con una administración más transparente y responsable.